01.06.2010
Boletín de la Red Libertaria Popular Mateo Kramer
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Luego de los devastadores, pero esperados, resultados de la primera vuelta para la elección del presidente de la República, el panorama parece ser claro: “4 años más de poder paramilitar”. Aunque las encuestas habían mostrado una pelea reñida entre los candidatos Mockus y Santos, al fin y al cabo el partido de la U arrasó con el 46.56% de los votos; es claro que, ante las especulaciones y análisis que hacen los medios, en la segunda vuelta ganará Juan Manual Santos y, por supuesto, el continuismo de la Seguridad Democrática.
¿Pero que implica esto para jóvenes como nosotras y nosotros? Hablar de esto no es especular, no es hacer análisis desviados o pensar situaciones lejanas de la realidad, porque conocemos el uribismo, lo hemos vivido, sufrido y claramente Santos es parte fundamental de la política de seguridad democrática impulsada por los gobiernos de Álvaro Uribe y su recua política e intelectual. Aunque las políticas neoliberales y guerreristas que ha impulsado este gobierno afectan a gran parte de la población colombiana, las y los jóvenes somos hoy uno de los sectores que más sufrimos las consecuencias de las acciones de la clase mafiosa-paramilitar que hoy y durante cuatro años más estará en el poder.
La estrategia de lo que se podría llamar “guerra contra la juventud” tiene diversos componentes que funcionan de manera articulada haciendo de esta población uno de los sectores más vulnerables a las acciones del régimen. El aumento de la informalidad, de la violencia juvenil, de embarazos adolecentes, de las pandillas referidas a las bandas emergentes, que no son más que paramilitares urbanos, y la represión juvenil, son el pan de cada día de este gobierno y no es un secreto que gran parte de estos problemas se agudizaron directamente por las políticas guerreristas y militares del gobierno nacional, en cabeza del ministro de defensa Juan Manual Santos.
Los dos aspectos que hacen más crítica la situación de las personas entre 14 y 26 años, son las difíciles condiciones para conseguir empleo, y el aumento cada vez más fuerte de pandillas y bandas armadas. El desempleo juvenil alcanza el 22%, siendo las mujeres las más afectadas por esta situación; las posibilidades de acceso a la educación superior son cada vez más reducidas, y una mayor cobertura no garantizaría un mayor nivel de empleo mientras el mercado laboral siga funcionado con los criterios de competitividad salvaje con los que hasta ahora lo hace; las condiciones laborales se hacen cada vez más adversas, tener un solo trabajo no alcanza, y si no se consigue uno, mucho menos dos. Todo esto hace que el panorama de las y los jóvenes no sea nada alentador, y las necesidades de identidad, de subsistencia, entre muchas otras presiones, terminen por hacer de la vida armada y clandestina de las pandillas, uno de los lugares predilectos donde realizar su vida.
Sabemos cuál es la posición de Juan Manual Santos, hoy a punto de ocupar la presidencia, sobre la seguridad; paradójicamente, los lugares en donde Santos obtuvo más votos, fueron lugares con una gran presencia de la fuerza pública. Esta seguridad es una seguridad totalmente militar, una seguridad de guerra que ha invadido no sólo los pueblos, sino también los barrios populares, de militares. Esta seguridad, que es la seguridad de los que se han apropiado del país a sangre y fuego, de sus recursos, sus tierras, está hoy inmersa en medio de lo que se llama la “cultura mafiosa”, la cual es una cultura de violencias, de exaltación del “macho traqueto” como quien “tiene” el poder, es una cultura de armas, del odio; es la cultura que construye muchos de nuestros contextos, es lo que muchas y muchos vemos todos los días, todo el tiempo y en todos partes, es una cultura que oprime.
A esta militarización mafiosa se le suma el hecho de que en dichos lugares, la presencia de las bandas emergentes, grupos que han nacido de la falsa desmovilización de los paramilitares, se ha fortalecido y con ello el microtráfico de drogas y las peleas “a muerte” por el control territorial de esas zonas. Esto es lo que se esconde detrás de las supuestas “simples peleas de jóvenes”, que han venido aumentando recientemente en Medellín, y con las cuales se ha pretendido legitimar la supuesta presencia salvadora de la fuerza pública.
Ante este panorama y ante nuestra situación en él, la acción y la organización se hacen hoy muy necesarias. Reconocer que nuestra situación no es únicamente nuestra, que la transformación y el impacto sobre nuestra realidad se hace más efectivo cuando hacemos colectiva y organizadamente, es muy importante, porque ante el oscuro panorama de otro gobierno narcoparamilitar, sólo nos tendremos a nosotros y a nosotras. Luchar, crear, poder popular!!
La economía contra la vida
El presidente Uribe señaló, el 19 de mayo de este año, que Colombia estaba experimentando un “crecimiento sorprendente en la economía” y que de seguir así, los niveles porcentuales del PIB tendrían, en los próximos años, un incremento del 5 % y el 6 %. Así mismo, en reiteradas ocasiones, ha señalado la importancia de generar “confianza inversionista” por medio de la “seguridad democrática”, con el objetivo de “mantener un alto grado de inversión extranjera y buscar acceso a nuevos mercados” para, de este modo, ir “reduciendo sostenidamente el desempleo y la pobreza". Sin embargo, y a pesar de los pronósticos optimistas que continuamente dan el gobierno y sus defensores, el “crecimiento económico” que viene experimentando el país es, más que cualquier otra cosa, la producción exponencial de la pobreza, el desplazamiento y la violencia así como también, la aceleración exacerbada de la destrucción ecológica. El modelo económico colombiano, que requiere del uso generalizado de la opresión y la brutalidad militar y paramilitar, está desligado de manera radical de la sociedad a la cual debería servir y del mundo natural, del cual depende necesariamente.
El PIB, por ejemplo, que tanto utiliza Uribe para señalar los avances de su seguridad democrática, no nos dice nada sobre los altos niveles de inequidad social del país. Los pobres son cada vez más pobres y son cada vez más, mientras que los ricos son cada vez más ricos. En Colombia, donde la concentración de la riqueza es tan grande, no resulta sorprendente que, junto a un PIB elevado los índices de pobreza, indigencia y desempleo sean cada vez más altos. Las cifras aumentan y la justicia social disminuye. Incluso aquellos que cuentan con empleo, en la mayoría de los casos, carecen de condiciones dignas de vida: el gobierno concede privilegios a los sectores más poderosos, que son una minoría, eliminando las garantías de la gran mayoría que es el pueblo. El presidente Uribe y su gobierno, así como también el candidato presidencial Juan Manuel Santos, consideran que el PIB es un indicador que refleja el “avance” del “buen gobierno" y la “conquista de logros sociales muy importantes en materia económica”. Y sí, ha aumentado la inversión extranjera; y sí, nuevos mercados han sido conquistados, pero también más de 22 millones de personas viven en la pobreza y más de 7 millones en la indigencia o pobreza extrema. El gobierno engaña con estadísticas que no reflejan la realidad, y a través de cifras quiere seguir ganando votos para continuar manipulando y explotando al pueblo.
Otro aspecto en el cual se ve claramente la disociación del sistema económico actual con la vida real, es el aspecto ecológico. Este gobierno, junto con los intereses multinacionales, le ha puesto precio a todo. El llamado desarrollo, que concibe a la naturaleza como un gran reservorio de recursos infinitos dispuestos a los intereses del mercado, tiene como resultado la sobreexplotación de la naturaleza que además de ser finita es, en su mayoría, no renovable. En los últimos años, el despojo ha acelerado su ritmo, los niveles de contaminación han aumentado, la degradación de la tierra es cada vez más crítica y los recursos naturales son cada vez más escasos. Los defensores de este modelo económico siguen ignorando que se trata de un sistema abierto de flujos energéticos no renovables. Los megaproyectos (como el IIRSA), las multinacionales (como la AngloGold Ashanti) y algunas empresas nacionales (como Argos de Colombia), son responsables del saqueo y de la destrucción natural y social del país El crecimiento se mide sólo en el orden monetario que beneficia a los grandes capitalistas, desconociendo el complejo mundo natural y finito del cual depende.
No permitamos que este sistema sigua prolongando la degradación de la tierra, ni tampoco que el pueblo continúe siendo engañado con unas cifras y unas vanas promesas asistencialistas que tienden a agravar su situación de despojo y miseria. Construyamos un poder que le permita al pueblo reconocer su potencialidad y conducir sus acciones hacia un modelo económico sustentable a escala ecológica y social.
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